SHAREShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

El despliegue del ambicioso programa de erradicación forzada de cultivos ilícitos del nuevo gobierno de Colombia se suma a una serie de acciones que han multiplicado los temores por el futuro de un accidentado programa de sustitución de cultivos ilícitos conocido como PNIS, en el que ya están inscritas más de 100.000 familias.

En medio de una grave crisis en la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), una de las principales estrategias para abordar la oferta de drogas ilícitas acordada en los diálogos de paz con las exguerrilla de las FARC, el nuevo gobierno de Colombia comenzó a implementar su nuevo plan de erradicación de coca, que aumentó en un 43 por ciento la meta anual a 100.000 hectáreas.

Las cifras sobre coca publicadas a mediados del año pasado señalan que Colombia actualmente cuenta con cerca de 200.000 hectáreas de coca, una cifra que alcanzó su pico durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos luego de que tuviera una marcada tendencia a la baja desde 2007.

El programa de erradicación de cultivos de uso ilícitos cuenta con dos estrategias, la de erradicación forzada y la de sustitución voluntaria. Así, el gobierno espera que la erradicación de 80.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito se realice a través de acciones del Ejército y la Policía Antinarcóticos, y las demás con programas de sustitución, principalmente el PNIS.

Además de la transferencia de dinero (poco más de US$600 bimensuales) que recibirían las familias inscritas, este proyecto contempla varios programas de asistencia y seguridad alimentaria, el desarrollo de infraestructura social (salud, electrificación y conectividad) y la conservación de áreas protegidas.

Según un informe de la ONU, a diciembre de 2018 había más 100.000 familias inscritas en el programa, que en un 90 por ciento cumplieron con quitar los cultivos, y erradicaron al menos 32.000 hectáreas de coca.

 VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre paz con las FARC

Sin embargo, poco después de que Duque se posesionara en agosto de 2018, los pagos a las familias inscritas al PNIS fueron suspendidos, en algunos casos hasta durante cuatro meses.

Una parte importante de la plataforma política de Duque radicó en la modificación de los acuerdos de paz alcanzados entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno de Santos, los cuales fueron rechazados por los colombianos en un plebiscito y luego fueron decretados por el entonces presidente.

En el mismo mes de agosto, frente a las declaraciones de su nuevo ministro de Defensa en cuanto a que toda la erradicación sería obligatoria y sobre la posibilidad de retornar a la erradicación aérea con glifosato (que había sido suspendida durante el gobierno de Santos por sus graves implicaciones), diferentes organizaciones campesinas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) radicaron una carta pública en la que pedían al presidente mantener los programas de sustitución voluntaria que se habían acordado.

Desde su llegada al poder, Iván Duque casi duplicó la cantidad de hectáreas erradicadas al día y superó la meta de erradicación de 65.000 hectáreas (incluyendo sustituidas) del gobierno de Santos.

En el Presupuesto General de la Nacional para 2019, presentado por el presidente al Congreso, el gobierno anunció un recorte de unos US$140 millones para los temas de enfoque territorial incluidos con el acuerdo, que comprenden instituciones como la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio, al tiempo que anunció un aumento del 53 por ciento al gasto de defensa.

Se calcula que durante los próximos 15 años el costo de la implementación del acuerdo de paz con las FARC en Colombia podría ascender a unos US$40.000 millones. El costo de implementar el PNIS podría alcanzar los US$1.300 millones.

Análisis de InSight Crime

Si bien es cierto que, como Duque y otros de sus altos funcionarios  han señalado, su gobierno heredó un proceso con fragilidad en los recursos y complejidades institucionales, –y otras “papas calientes” de crimen organizado– la posible falta de voluntad del nuevo gobierno para implementar los proyectos de sustitución amenaza con poner fin a un proceso que ya estaba sobre la cuerda floja.

Los pocos PNIS que avanzan lo hacen con lentitud y tropiezos. Además de la llegada de la Fuerza Pública para erradicar a la fuerza lo que las familia harían de manera voluntaria, algunos de los problemas más recurrentes identificados por líderes comunitarios durante una Audiencia Pública en diciembre en el Congreso estuvieron relacionados con el incumplimiento en los pagos y la ausencia de asistencia técnica.

A este clima de inestabilidad se suma el recrudecimiento de asesinatos contra los líderes sociales que apoyan estas iniciativas de sustitución voluntaria. La tasa de homicidio en las zonas de incidencia de erradicación voluntaria en Octubre de 2018 casi se duplicó con relación al mismo período del año anterior.

El incumplimiento en la implementación de programas como el PNIS no solo incentiva a las familias inscritas a retornar a la plantación de coca como forma de subsistencia y puede aumentar la cantidad de cultivos, sino que también ha aumentado los niveles de violencia y la vulnerabilidad de los locales a ser reclutados por actores criminales y a ser víctimas de enfrentamientos o ataques –que se agudiza con el redoble en el enfoque militar–.

En otras partes del país se han presentado denuncias de presiones para volver a la plantación de coca por parte de grupos criminales, como las disidencias de las FARC en Guaviare.

Durante un Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó en enero, el alcalde de Tibú, el segundo municipio con más hectáreas sembradas de coca en el país, aprovechó para referirse al presidente Iván Duque, quien encabezaba la reunión.

“Preocupa para algunos el hecho de que se interrumpa el proceso del PNIS. Sabemos que la erradicación forzada es un tema en la agenda (…), pero esperamos que no se dé sin que antes se hayan agotado todos los trámites de sustitución que tenemos”.

“Hay un temor por el recrudecimiento del conflicto en el territorio”, agregó.

Pero la confianza de las comunidades en algunos de los municipios históricamente más afectados por el conflicto no es lo único que está en riesgo.

En el panorama actual, la comunidad internacional, el sector empresarial y la sociedad civil también podrían estar cuestionándose su disposición para continuar invirtiendo en el proceso.

SHAREShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn