Gobierno de Venezuela convirtió inmuebles de narcos en “casas de tortura”

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Las impactantes denuncias de un funcionario del gobierno de Venezuela en la OEA sobre las torturas perpetradas por los órganos de represión del gobierno, no solo confirman la participación de “colectivos” y cubanos en las sistemáticas violaciones de derechos humanos, sino que además revelan la existencia de “casas de tortura” que operan en inmuebles incautados a narcotraficantes.

Un oficial venezolano que desertó de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llevó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el 20 de marzo, una serie de videos y pruebas que demostrarían las torturas aplicadas por el régimen de Venezuela a militares y civiles que se han rebelado contra el gobierno.

“No me había imaginado ver tantas atrocidades inhumanas como las que viven los prisioneros siendo torturados… los tratan “como animales. No se le brinda el servicio médico, no se les deja tomar sol un rato. Todo el tiempo una opresión contra los prisioneros, tanto física como psicológicamente”, relató el teniente de la Aviación Ronald Dugarte, mientras mostraba los videos de los detenidos que -según dijo- logró hacer al esconder su teléfono celular.

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Los videos muestran a varios de oficiales de alto rango esposados y maltratados por presuntamente conspirar contra el gobierno. En su denuncia, Dugarte también aseguró que los agentes cubanos participan en la capacitación de los funcionarios venezolanos de inteligencia y monitorean todas las unidades militares del país.

La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, quien acompañó a Dugarte, leyó una lista de supuestos torturadores, entre los que figuran algunos miembros de “colectivos” que se uniforman como funcionarios de la DGCIM, y denunció la existencia de  centros clandestinos de tortura, uno de ellos ubicado en la parroquia San Bernardino de Caracas.

Aseguró que el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, quien fue director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), habría entregado a los cuerpos de seguridad y a los colectivos algunas viviendas confiscadas a capos de la droga en el pasado para ser usadas como casas de tortura. Los señalamientos contra Reverol por falta de control y la apropiación de los bienes decomisados a los capos de la droga que eran detenidos no son nuevos.

Análisis de InSight Crime

Las denuncias sobre las torturas perpetradas por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro y las violaciones de derechos humanos han sido constantes desde 2014 y se han multiplicado en los últimos dos años, incluso así lo confirma el informe presentado por la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet el miércoles 20 de marzo.

Sin embargo, la existencia de centros clandestinos de tortura, que son utilizados para retener arbitrariamente a los opositores, al parecer bajo la asesoría de agentes de la inteligencia cubana y la actuación colectivos, constituye una verdadera novedad entre las acciones criminales que se han conocido del régimen de Maduro.

En este caso se trata de al menos cuatro inmuebles clandestinos ubicados en distintas zonas de Caracas, “donde son llevados los detenidos inmediatamente después de ser capturados y antes de ser trasladados a las dependencias policiales para oficializar su detención ante los órganos de justicia”, dijo a InSight Crime una fuente del Ministerio de Relaciones Interiores.

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Por otra parte, como desde hace varios años en Venezuela no se detiene, ni se persigue a capos de la droga, ahora los bienes que se incautan pertenecen a exfuncionarios o exsimpatizantes del gobierno detenidos por corrupción y por haberle retirado su apoyo a Maduro, como el empresario Diego Salazar. La misma fuente informó a InSight Crime que “los vehículos y propiedades de estas personas son entregados, sin ningún tipo de procedimiento legal, a militares y funcionarios, o asignados a algunas dependencias gubernamentales”.

Sobre los centros de tortura, InSight Crime conoció que además del mencionado en la denuncia, existen otros ubicados en los municipios Baruta y El Hatillo, ambos en el sureste de Caracas, a donde han sido llevados algunos presos políticos que fueron detenidos por hombres de civil y sin una orden judicial.

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